La Sección Sindical de FeSP-Unión General de Trabajadores se está proponiendo hasta denunciar al Tribunal de Cuentas el proceso comenzado por Amgevicesa para añadir a 32 personas como vigilantes “para cubrir puestos estructurales de la Administración [en Mercados, cementerios y «sobre todo» Centros de Menores]” mediante una solicitud de personal al SEPE con el requisito de contar con el carnet de conducir.
Fuentes del sindicato han alertado de que el procedimiento semeja “a todas y cada una luces irregular, sobre todo existiendo un proceso de capacitación de bolsas de trabajo cuya baremación prosigue sin efectuarse”, más no solo de ahí que.
En primer sitio los ugetistas disienten de que con una plantilla que un año tras otro ha ido perdiendo efectivos amortizados, en vez de incluir la cobertura de vacantes precisas en una oferta pública de empleo la Administración prosiga optando «por recurrir al SEPE vulnerando los derechos del conjunto de la ciudadanía a presentarse».
No es la primera vez que el perfil de los requerimientos de desempelados que cursa la Administración local o bien el campo público periférico de la Urbe produce polémica (desde el engrasador de 2008 a los aparcacoches de 2018) produce polémica y asimismo esta vez ha levantado suspicacias la petición de cien aspirantes extra una vez que los primeros, los más viejos en las listas del paro, no satisficiesen a los entrevistadores de Amgevicesa.
Además, el sindicato comprende que el procedimiento tampoco ha respetado la condición que establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto que «impone la obligación» de que «todos y cada uno de los actos y pactos que supongan incremento del Capítulo I, sea a consecuencia de incremento de remuneraciones o bien de contratación de nuevos empleados, en la administración de la Urbe y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, tendrán que contar con la autorización anterior del Consejo de Gobierno, anterior informe de Intervención».
