La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Teresa Palacios juzgará los próximos días 15 y 16 de marzo a Manuel Murillo, el hombre que anunció en un chat de simpatizantes de Vox que pretendía asesinar al presidente Pedro Sánchez por desenterrar los restos de Franco.
La Fiscalía pide para él penas que suman 18 años de cárcel, como autor de los presuntos delitos de homicidio en grado de proposición y tenencia ilícita de armas de guerra y explosivos.
Durante el juicio, la defensa presentará tres informes periciales (elaborados por un psicólogo y dos expertos en armas y explosivos), con los que intentará acreditar que Manuel Murillo no tenía intención real ni medios para atentar contra el presidente del Gobierno.
Manuel Murillo permaneció durante dos años en prisión preventiva, en la cárcel de Brians (Barcelona) tras ser detenido en septiembre de 2018. Durante el registro de su vivienda en Tarrasa, los Mossos d’Esquadra hallaron una colección de armas que incluía un petardo casero, un lanzadardos, también de facturación casera, tres revólveres, una escopeta, un fusil de asalto, una ballesta artesanal y abundante munición.
La tumba de Franco
Pero buena parte de estas armas estaban inutilizadas, tal como intentarán acreditar los expertos citados en el juicio como peritos de la defensa.
Manuel Murillo había proferido sus amenazas en un chat frecuentado por personas de ideología ultraconservadora, en el que vertió las siguientes palabras: “Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras”.
Los planes de Pedro Sánchez para desenterrar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos sublevaron a Murillo y le llevaron a escribir: “No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. Es una venganza por haber perdido la guerra (…) No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo“.
Una coordinadora local de Vox, a la que había dirigido estos mensajes, contó lo ocurrido a un amigo policía nacional, quien le aconsejó que presentara una denuncia. Tras ser detenido, Manuel Murillo explicó al juez de instrucción de Tarrasa que había escrito los mensajes tras tomar varias copas de más, porque quería impresionar a la joven.
Un “tirador mediocre”
El peritaje psicológico que se presentará en el juicio intentará acreditar que Murillo no era consciente de la gravedad de sus amenazas, y que nunca tuvo intención real ni tramó ningún plan para llevarlas a cabo, explican las fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL.
En sus informes, los Mossos d’Esquadra cargaron las tintas presentando a este vigilante de seguridad (que contaba entonces 63 años y hoy está a punto de jubilarse) como un experto francotirador, que atesoraba armas con las que podía acertar a un blanco a 1.500 metros de distancia.
En realidad, ninguna de las armas que poseía tiene un alcance de más de 200 metros, salvo una escopeta de aire comprimido. Manuel Murillo tiene licencia de tiro deportivo y acudía habitualmente a practicar al Club de Tiro de Tarrasa acompañado de su inseparable perro Petit. Sus antiguos compañeros del club de tiro le definen como un “tirador mediocre” y un hombre solitario, aunque bastante inofensivo.
Aunque buena parte de las armas de su arsenal estaban inutilizadas, dos elementos de su colección pueden resultar especialmente comprometedores: un fusil de asalto militar Cetme, que el Ejército dejó de utilizar en los años 90, y un petardo artesanal que los Mossos han definido en sus informes como un “artefacto explosivo improvisado” (IED, por su traducción al inglés).
El Cetme reventó
Pero el fusil Cetme no se encontraba en condiciones de disparar: durante las pruebas periciales realizadas antes del juicio reventó la culata. La calificación de IED que los Mossos han otorgado al petardo casero lo equipara a los artefactos empleados por grupos terroristas, capaces de volar por los aires un vehículo.
En realidad se trata de un cucurucho de cartón, al que Murillo iba arrojando los restos de pólvora negra sobrantes cuando cargaba sus armas, en el altillo de la vivienda de Tarrasa, en el que vivía con su madre enferma de Alzheimer.
El petardo está fabricado con papel kraft, con un tapón de corcho en un extremo. Todo ello unido con celofán y dotado con la mecha de una vela. Según su testimonio, Murillo intentó detonarlo en un descampado próximo a su casa, pero la rudimentaria mecha no funcionaba.
La investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarrasa y pasó luego a la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Finalmente, fue asumida por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, si bien desde el principio quedó descartada la acusación de terrorismo.
